Orpesa reivindica un nuevo centro de salud al considerar que el actual es insuficiente para la población del municipio.

Aunque en el censo de la localidad figuran cerca de 10.000 habitantes, la población flotante anual está en torno a 14.000 y durante más de seis meses hay unos 50.000, con picos de hasta 120.000 en fechas punta del verano, según enumeró la concejala de Sanidad, Araceli De Moya.

«Tenemos muchos vecinos y gran parte de ellos son de la Tercera Edad, por lo que necesitan tener a mano todas las prestaciones sanitarias que requieren y no verse obligados a ir hasta Benicàssim o Castelló para prácticamente cualquier revisión, prueba o consulta médica», añadió la alcaldesa, María Jiménez.

Ambas edilas se desplazaron hasta la Conselleria de Sanidad, en València, y se reunieron con la secretaria autonómica de Ciencias y Tecnologías Sanitarias, Concha Andrés, para reclamar el ambulatorio para la ciudad.

«Nos atendió y nos explicó que desde el año 2011 el Ayuntamiento de Orpesa no ha hecho nada para conseguir esta aspiración, una crítica que corrobora lo que nosotros esperábamos y pensábamos».

«Ahora, nos ponemos manos a la obra. En los cinco meses que llevo de alcaldesa es una prioridad y prueba de ello es que ya me he preocupado para que nos atiendan en la sede de Conselleria», declaró la munícipe.

De Moya manifestó que el consultorio médico actual «se queda muy pequeño y encima no tenemos prestaciones, ninguna especialidad».

«En el 2003 se abrió el ambulatorio y en el 2006 se planteó la ampliación en una parcela colindante de más de 1.000 m2 que se cedió, pero luego se cambió de criterio y se pensó en pedir otro centro. Llegaron a hacer hasta un proyecto, que debió de costar su dinero, en el que se valoró la construcción en 2,3 millones de euros. Dijeron que se iba a ceder un terreno de unos 1.800 m2, pero nunca se hizo, ni la cesión ni nada. Por lo que desde el 2011, el PP estuvo vendiendo humo», lamentó la concejala.

A su vez, avanzó que, desde el consistorio, «vamos a trabajar en la búsqueda de una parcela urbanizada que cuente con buenos accesos. Preferiríamos la opción de crear un nuevo ambulatorio y que el actual se quede para alguna especialidad, como rehabilitación o radiografías», porque «creemos que la ampliación no es una solución definitiva», remarcó De Moya.

Asimismo, recalcó que «la parcela que planteaba el PP no puede ser, porque está afectada por el Patricova y es inundable, habrá que buscar otra».

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De este modo, devuelven esos terrenos al Ayuntamiento «por no haber podido cumplir la finalidad de cesión gratis a la Entidad valenciana de vivienda y suelo (Evha) –antes Instituto Valenciano de la Vivienda– para construir casas protegidas en el plazo estipulado», según informaron desde el consistorio.

Al respecto, el edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, explicó que el Ayuntamiento «hizo lo que le requirió la Generalitat, al igual que ahora, que han demandado que revierta en el municipio», puntualizó.

Por otro lado, la sesión –que contó con la ausencia de la portavoz de Compromís, Marta Rubio, por motivos de trabajo– también sacó adelante un acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos de 7.205,04 euros para efectuar, entre otros, el pago de facturas de años anteriores que han sido presentadas en el consistorio ahora por un empresario.

Este punto logró luz verde con los votos del PP y Sí Se Puede, mientras que PSPV, Compromís y Ciudadanos se abstuvieron.

El encuentro finalizó con la aprobación de la propuesta de acuerdo del plan para establecer los criterios generales para la asignación del complemento de productividad a los empleados públicos del consistorio, que fue aprobada por todos los grupos, excepto por Ciudadanos, que votó en contra.

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“El PATIVEL es un instrumento político cuya aplicación va a convertir muchas zonas del litoral en zonas degradadas, sin valores ambientales ni interés paisajístico, cuyo abandono se acrecentará. Ni los intereses privados, ni los de la administración podrán ponerlos en valor por falta de recursos”, avisó el responsable del área de Urbanismo. Tomás reveló que desean “un proyecto de futuro, de crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente y esperamos que los tribunales de Justicia lo anulen”.

Además, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar colabora en la organización de una jornada informativa sobre el PATIVEL que se celebrará el próximo 11 de julio, a las 18.00 horas en el Espai Cultural. En ella intervendrán Isabel Moya, abogada de la Asociación Afectados por el PATIVEL, José María Cantavella, secretario de la misma asociación, Emilio García Sanz, presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico MR-10 La Marina de Elche, y Francisco Millán, abogado de este último ente.

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