La Guardia Civil de Castellón en el marco de la Operación GRAM CS ha procedido a la detención de dos varones y la investigación de dos mujeres como supuestos autores de varios delitos contra
la salud pública y de estafa.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, tras tener conocimiento a través de una denuncia, iniciaron el pasado mes de mayo una Operación en la cual se investigaba la autoría de una sociedad que se encontraba falseando los informes de ensayo de las analíticas realizadas en piscinas y otras instalaciones de riesgo, apremiada por el inminente riesgo contra la salud pública que la conducta delictiva investigada conllevaba ante el inicio de la época estival. En estos informes se analizaba, entre otros parámetros, la existencia de Legionella.

De las diversas indagaciones y pesquisas llevadas a cabo, se consiguió identificar y localizar la sede social de la empresa procediendo a realizar durante el mes de julio del año en curso la entrada y registro en la misma, donde se intervino abundante documentación.

Por parte de la Guardia Civil se han tomado más de 70 declaraciones a las entidades afectadas, en las que se encuentran 29 ayuntamientos, 8 campings, residencia de ancianos, colegios y otras instalaciones de riesgo, situadas la mayoría de ellas en la provincia de Castellón. De estas diligencias se han obtenido más de 400 informes de ensayos, de los cuales 314 no coinciden con informes de ensayos reales emitidos por los laboratorios también afectados, valorándose la estafa en más de 20.000 euros hasta el momento.

Como resultado de la operación policial se procedió durante el pasado mes de julio a la detención de dos varones y la investigación de dos mujeres, de edades comprendidas entre los 39 y 53 años de edad, como supuestos autores de varios delitos contra la salud pública y estafa, continuando con la
investigación de los hechos hasta este mismo mes de septiembre, dando por concluida la operación.

La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Oropesa del Mar (Castellón) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón conjuntamente con el departamento de Salud Ambiental de la Consellería de Sanidad, para garantizar que no exista un riesgo contra la salud pública así como para determinar el riesgo potencial que ha supuesto la emisión de los informes de ensayo falsos.

Las diligencias han estado en todo momento coordinadas por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Castellón de la Plana.

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Los vecinos de Oropesa del Mar han creado la Asociación de Afectados por el PATIVEL, una iniciativa que llega tras la aprobación del Consell del Plan de Acción Territoral de la Infrastructura Verde (PATIVEL). El objetivo principal es proteger la costa valenciana frente a las grandes empresas constructoras.

El secretario de la nueva asociación, José María Cantavella, ha mostrado su rechazo por el PATIVEL y ha manifestado que “en Oropesa la afección es total”. En este sentido, ha manifestado que es un «plan lesivo para los intereses municipales y por eso pedimos su nulidad. Creemos que hay suficientes herramientas para proteger el litoral”. “El plan afecta a muchos pequeños propietarios que ahora pierden la totalidad de sus derechos”, ha añadido Cantavella.

Además, el secretario ha recordado que el pasado martes interpusieron el recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. “La vía judicial es lo único que nos queda ya que el Consell ha desestimado todas nuestras alegaciones”, ha expresado.

Es por ello que ha pedido a todos los afectados que han asistido a esta charla informativa que se sumen a la asociación, que da cabida a todos los afectados. “Vamos a intentar plantar batalla para que el PATIVEL tenga los días contados”, ha defendido el responsable.

Por su parte, Isabel Moya, abogada de la asociación, ha recalcado que en el PATIVEL “no asegura la protección del medio ambiente, ya que cuando proteges a costa de los propietarios los terrenos se abandonan y se convierten en vertederos por el cambio de las leyes urbanísticas”.

“La zona de la Renegá está muy afectada por este plan y se dan casos de casas construidas sin licencia que son respetadas, y eso no puede ser. Pedimos la nulidad del PATIVEL porque no protege a los propietarios. Si no, tendremos un futuro nada alagüeño para nuestros términos municipales”, ha concluido Moya.

En esta charla informativa, que ha servido para que los vecinos y propietarios de terrenos conozcan sus derechos, también han intervenido Emilio García y Francisco Millán, presidente y abogado de la Agrupación de Interés Urbanístico  MR-10 La Marina de Elche, respectivamente.

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