Orpesa encara la recta final del plan de accesibilidad, que se inició hace varios años y que eliminará las barreras arquitectónicas de las calles para las personas con movilidad reducida.

Los trabajos de la nueva fase arrancaron hace unos días y contemplan, en esta ocasión, la adecuación de las aceras del paseo de la Concha, avenida del Faro y del Mar en las partes que no están adaptadas, según informó la alcaldesa y concejala del área de Urbanismo, María Jiménez.

Las obras salieron a licitación pública y fueron adjudicadas a la empresa Latra S.L. por un importe de 179.711,04 euros, según indicó la munícipe. También apuntó que se prevé que el plazo de ejecución sea de «unos cuatro meses», por lo que según esta estimación, en abril podría estar concluida la intervención.

La primera edila explicó que las tareas se financiarán con una inversión del Plan 135 de la Diputación de Castellón del 2019, ya que se solicitó una prórroga.

La actuación forma parte del proyecto de accesibilidad que ejecuta el consistorio los últimos años, el cual tiene como objetivo mejorar el acceso por todas las calles de la localidad costera de forma paulatina.

Ya se han desarrollado varias fases en gran parte del municipio y estipulan una próxima que contemplaría la mejora en otros viales que todavía están pendientes, según señalaron fuentes municipales. «Se interviene por zonas, ante la necesidad de ir adaptando poco a poco todo el casco urbano», tal como precisaron.

La próxima remodelación, avanzó la alcaldesa, se centrará en la adecuación de la accesibilidad de las calles de las urbanizaciones Porto Cala y Torre Bellver.

En los últimos años se han ejecutado estas labores en numerosos viales de la localidad, tanto del casco urbano como del área de las playas, con el objetivo de conseguir una ciudad adaptada a la normativa estatal y autonómica vigente.

El planeamiento consiste en la eliminación de los bordillos antiguos y la colocación de unos nuevos, con pendientes y dimensiones adecuadas, para mejorar el día a día de las personas con movilidad reducida.

Además, también se incrementa el ancho de las aceras para evitar los aparcamientos en las intersecciones y un pintado de los pasos para peatones y los vados accesibles.

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El Ayuntamiento de Orpesa fija en 550.000 euros la cantidad a pagar por los terrenos de la depuradora, expropiados en el 2006.

La alcaldesa, María Jiménez, explicó que «para construir la instalación conjunta con Cabanes se hizo una cesión del suelo con reserva de aprovechamiento en otra parte del término municipal».

Fue hace 13 años cuando se aceptó este plan especial, pero, no obstante, los propietarios de las parcelas piden más dinero.

Por ello, en el pleno de ayer aprobaron una modificación de crédito para reservar una partida con este fin, porque, según la munícipe, están «a la espera de la resolución del jurado provincial de expropiación», pues los dueños reclamaron a este órgano.

«El Ayuntamiento entiende que el precio a abonar es de 550.000 euros, en base a informes técnicos», trasladó la primera edila.

Retribuciones

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad la modificación de créditos por suplemento por valor de 434.800 euros que irán destinados a incrementar un 2,75% las retribuciones de empleados públicos, de personal de turismo, de servicios jurídicos y a primas de seguro.

Asimismo, dieron luz verde a la bonificación del 50% del recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por fomento del empleo para algunos cámpings y hoteles del municipio. Aunque, tal y como avanzó la propia alcaldesa del municipio, estudian «modificar esta ordenanza».

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Orpesa dispondrá de casi siete millones de euros para nuevas inversiones a ejecutar este año en el municipio. El pleno del ayuntamiento aprobó –con los votos a favor del PP, Sí Se Puede y PSPV, en contra de Ciudadanos y la abstención de Compromís– la primera modificación de crédito tras la liquidación del presupuesto, que arrojó un saldo positivo de 25 millones de euros de remanentes.

La incorporación de los 6.986.261 euros al presupuesto posibilitará una gran cantidad de actuaciones en la localidad, entre las que destaca la compra de dos parcelas para la construcción de la residencia de la tercera edad, con una partida consignada de 1.500.000 euros. Será un espacio para personas mayores dependientes con anexo de centro de día y de un centro de salud.

También se destinan 990.000 euros a la remodelación del campo de fútbol, con la previsión de construir dos edificios complementarios donde se crearán cinco nuevos vestuaris (uno de ellos exclusivo para chicas), un espacio de limpieza y material, dos oficinas (una para cada club), dos almacenes, sala de fisioterapia y botiquín, así como una polivalente para la realización de charlas y reuniones y un espacio de equipajes junto a otro baño público para usuarios.

Además, las labores se centrarán en la zona de debajo de la grada, pues es necesario elevar la superficie a la cota del campo y de la calle para evitar inundaciones por las lluvias y adecuar todo el sistema eléctrico, adaptándolo a la normativa vigente.

Asimismo, el proyecto ha exigido un estudio geotécnico, por lo que se realizará un micropilotaje en la cimentación con la ayuda de una maquinaria específica.

El equipo de gobierno ha incidido en la demanda de estas labores por parte de los clubs y los 250 usuarios del campo: “Esta obra es una necesidad. Se trata de un proyecto en el que trabajamos desde hace tiempo. Es una cantidad importante pero sabemos que a la hora de sacarlo a licitación puede ir a la baja”, han explicado.

Otras inversiones

Por otro lado, se han previsto 275.900 euros para la adquisición de mobiliario de la nueva biblioteca, en construcción actualmente en la parcela de la antigua casa consistorial.

En mantenimiento urbano, se invertirán cerca de 400.000 euros en pavimentación de vías públicas, 200.000 en reparaciones y conservación de infraestructuras; y 122.000 en la protección y mejora del medioambiente y las playas.

El alcalde, Rafael Albert, destacó que se ha optado por realizar esta modificación de créditos “para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y evitar, así, el impás que se podría producir por la celebración de las elecciones”.

En este sentido, agradeció al PSOE su voto a favor. “Lo que no entiendo es que Ciudadanos esté en contra de las subvenciones para deportistas y actos culturales, los planes provinciales, la accesibilidad del municipio, el fomento del empleo, el estudio de Les Amplàries o las fiestas patronales”, criticó el munícipe.

También se dirigen 157.000 euros a la promoción y el fomento del deporte, para concesión de subvenciones generales (120.000), para deportistas individuales (10.000), así como una para el Triatlón Sprint Oropesa (12.000) y otra para la Real Federación Española de Balonmano RFEBM (15.000).

En materia cultural, hay 37.500 euros para la última certificación de obra de las actuaciones de consolidación del castillo, así como para los honorarios de dirección de obra. También para la dirección y redacción de obra del proyecto de Mas de Conill y trabajos de restauración de piezas arqueológicas. También se contemplan 500.000 euros para fiestas.

Medio millón para el empleo

El Ayuntamiento ha reservado 495.000 euros para un taller de empleo con prácticas remuneradas. Pero, aparte, se destinan 21.000 euros para la adquisición de material relativo a los programas de fomento y formación profesional; y 14.000 para la contratación a través de la agencia de empleo y desarrollo local de servicios varios a emprendedores, como el vivero de empresas, cursos de formación para emprendedores y para la Jornada Beachemprende.

También se han consignado 35.000 euros para la licitación del contrato de cursos de idiomas y 20.000 para profesores del centro municipal de formación de personas adultas.

Además, se ha asignado un suplemento de crédito para la contratación de apoyo a la brigada de obras y posibles gastos de este año que asciende a 200.000 euros; 100.000 para gastos del servicio de limpieza municipal y otro de 50.000 para mantenimiento de parques y jardines.

También se han contemplado 100.000 euros para la realización del estudio del litoral de la playa Les Amplàries-Marina d’Or; y 122.000 para el servicio de ambulancia durante la temporada estival.

Asimismo, se incluyen 8.000 euros para la realización de acciones contra la violencia de género, para eventos del Día de la Mujer, entre otros.

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Sin embargo, el alcalde, Rafael Albert, ha puntualizado que este plan “es solamente una previsión, al igual que el presupuesto, y hasta final de año no sabremos si cumpliremos la regla del gasto”. En este sentido, el primer edil ha aludido a los «posibles cambios» que se pueden introducir en el techo de gasto para los ayuntamientos, que podrían hacer inaplicable esta medida al elevar el porcentaje de inversiones que pueden llevar a cabo los municipios.

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Compromís y Sí Se Puede Oropesa. PSOE y Ciudadanos se han abstenido.

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La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, ha manifestado tras el pleno que “Cs no apoya el PGOU porque es un modelo que nace muerto y que no beneficia a los vecinos de la localidad”. “Este plan urbanístico no es más que un intercambio de cromos y ni por asomo es lo que Oropesa necesita”, ha explicado la edil.

Así, la portavoz ha apuntado que “hay que trabajar en una solución integral que busque un desarrollo urbanístico sostenible y atractivo a partes iguales, no esta chapuza para cubrir el expediente”. 

Por ello, de Moya ha augurado que “la primera medida importante aprobada por el nuevo matrimonio de conveniencia entre el PP y la marca blanca de Podemos será un fracaso más pronto que tarde ya que este modelo está lleno de incoherencias y carece de toda ambición”. 

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Oropesa del Mar ha aprobado en el pleno ordinario de marzo celebrado este jueves por la mañana la propuesta provisional del PGOU de la localidad, con lo que el plan urbanístico será remitido de inmediato a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Sí Se Puede Oropesa y los votos en contra de PSPV, Compromís y Ciudadanos.

El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, ha detallado que el PGOU establece como zonas de especial protección la Renegà Baixa, Torre Bellver, el Bovalar y el Rajolar, zona esta última donde el equipo de gobierno quería crear un parque de 500.000 metros cuadrados, “pero ahora el Pativel inutiliza el sector”; una normativa que, en opinión de Fabregat, “crea inseguridad e incertidumbre”. El edil señaló que el plan urbanístico contempla dos millones de metros cuadrados urbanizables menos que el anterior y de 1.500 a 2.000 viviendas menos. “Este PGOU proporciona una protección al litoral que pocos municipios tendrán”, añadió.

La corporación también aprobó, esta vez por unanimidad, una moción de Compromís que muestra el desacuerdo de los grupos políticos con el nuevo reglamento del dominio público hidráulico, una normativa que al igual que el Pativel, explicó Fabregat, “invade competencias municipales en materia de urbanismo, y así lo hemos trasladado a la dirección del PP”, al tratarse de una normativa impulsada desde el Gobierno central. El acuerdo unánime ha llegado después de que se aceptara una enmienda del PP para eliminar el tercer punto de la propuesta, que proponía interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 638/2016 del 9 de diciembre.

Otro punto que logró el ‘sí’ de todos los grupos fue la propuesta de acuerdo de declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, sumándose de esta manera a una iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que implica la contratación de más personal en el área de servicios sociales. Estas contrataciones estarán apoyadas por un plan de financiación de la Generalitat, explicó la concejala Mari Carmen Taulé.

En materia educativa, el pleno dio luz verde a una moción impulsada por Ciudadanos, que contó con los votos a favor del PP, para impulsar la modificación del decreto del Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano en enseñanzas no universitarias. “Esta norma coarta la libertad de elección y limita los estudios de los niños de la Comunitat Valenciana”, explicó la concejala de Educación, Sonia Bellés.

Durante la sesión también se habló de las plusvalías tras una moción de Ciudadanos que pedía mecanismos para que los vecinos que no hayan obtenido plusvalías por la transmisión de inmuebles puedan reclamar devoluciones. Sin embargo, al ser una tarea que ya está llevando a cabo el Ayuntamiento, todos los grupos políticos, incluido Ciudadanos, han aprobado una enmienda a la totalidad firmada por todos los portavoces para  instar al Gobierno a estudiar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Otras propuestas aprobadas fueron la creación de un puesto de dedicación parcial en el organigrama municipal; la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo azul al alférez del puesto de la Guardia Civil en la localidad, Javier Chups; la organización de actividades lúdicas el segundo sábado de cada mes por la tarde en la plaza Mayor, con eventos de ocio, culturales e infantiles; las cifras padronales a 1 de enero de 2016, que sitúan el número de vecinos de la localidad en 9.245; y la actualización de la web municipal en materia de transparencia y acceso a la información pública.

No se aprobó, por contra, una moción de Ciudadanos que instaba al equipo de gobierno y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a tomar medidas para que los taxistas del municipio puedan operar todo el año en la zona del aeropuerto de Castellón con su inscripción en el área de prestación conjunta. Y es que el alcalde, Rafael Albert, le ha demostrado que se está trabajando en ello desde el 2016 y que en el pasado mes se contestó a un escrito de la Conselleria informando de forma favorable a que los taxis puedan operar en el aeropuerto y entrar en el área de prestación conjunta. “Seguiré trabajando y apoyándoles hasta conseguirlo”, aseguró.

En el apartado de dación de cuentas, Albert dio a conocer datos muy positivos. Así, el periodo medio de pago a proveedores es de 5,19 días, el interés de demora es cero y el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 22.268.683 euros.

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