Una alternativa, esta última, cuya ejecución ascendía a casi 5 millones de euros. Es por ello que, tal y como ha afirmado el alcalde del municipio, Rafael Albert, «se ha intentado no perjudicar al pueblo y velar por el dinero público».

En este sentido, el primer edil ha avanzado que, una vez efectuado dicho pago, procederán a «incoar el expediente y a depurar responsabilidades».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, ha indicado que esta medida «es la menos lesiva» para todos los propietarios y supone «un paso para la legalización del edificio Bernat, pues estamos en camino de dar la sentencia por ejecutada».

Cabe recordar que este litigio se remonta al año 1986, cuando se otorgó el permiso de obras. En 1994, un grupo de vecinos denunció la concesión por defectos en la modificación del Plan General del Ordenación Urbana, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló su licencia, lo que comportaba su derribo.

Propuesta de Compromís

Desde el grupo Compromís han manifestado que el PP, PSPV, Ciudadanos y Sí Se Puede han votado a favor de la propuesta de Compromís para que la posible indemnización por el otorgamiento de una licencia de obras «la paguen de su bolsillo los responsables», ha manifestado el portavoz de la coalición, Josep Lluís Romero.

Se trata del último coletazo por la sentencia de derribo del edificio Bernat de Orpesa. Romero ha recordado que, en su día, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminó que el edificio debía ser derribado «puesto que la licencia de obras que se otorgó incumplía el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad».

Según el concejal de Compromís, «aquello no fue un error sino una infracción deliberada. Pero es que, además, el arquitecto municipal informó favorablemente del otorgamiento de la licencia de obras y los concejales votaron a favor».

Y es ahora cuando Compromís ha presentado una enmienda de adición a la modificación de créditos que se ha aprobado hoy en el pleno «con la finalidad de establecer las posibles responsabilidades, si proceden, del arquitecto municipal, de los concejales y del empresario promotor de la licencia a fin de que en su día responda personalmente de los perjuicios causados a la Corporación y que ha originado un alcance para el Ayuntamiento de 1.572.100 euros».

Romero ha insistido en que esta propuesta «se basa sólo en la necesidad de que paguen de su bolsillo los responsables, y no los ciudadanos, puesto que el dinero que tendría que destinarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Orpesa acabará destinándose a pagar indemnizaciones derivadas de una negligencia técnica y política garrafal».

Para el portavoz adjunto de Compromís en el Ayuntamiento de Orpesa, «no parece razonable ni razonado que un error perfectamente evitable en que algunos incurrieron se pague por quienes no tuvieron ninguna responsabilidad y se libren quienes provocaron de forma incomprensible la resolución judicial».

Romero también ha destacado que su Grupo estará vigilante para que se cumpla el acuerdo votado por unanimidad por todos los grupos municipales «y en el caso de que no se cumpla actuar de forma contundente denunciando en la Fiscalía la falta de interés en recuperar la indemnización de 1.590.000 € por el edificio Bernat».

Romero ha señalado que si «convertimos esa cantidad en pesetas, son 264.653.572 millones. Y si dividimos por los 9.000 habitantes que tiene Orpesa, sale a 29.405 pesetas por habitante».

Ayudas para comedor escolar y promoción del deporte

En sesión extraordinario sobre la modificación de créditos aprobada por el Ayuntamiento, también se ha acordado la concesión de ayudas y subvenciones a entidades locales. Así, el comedor escolar de la Escola d’Estiu recibirá un total de 18.500 euros, mientras que 61.500 euros irán destinados a la promoción del deporte y la realización de actividades deportivas en Orpesa.

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El pleno del Ayuntamiento de Orpesa también aprobó la ampliación de las dedicaciones parciales del equipo de gobierno, que pasan de tres a cuatro con la incorporación de la concejala de Sí Se Puede, Arantxa Martínez, en el ejecutivo popular, que pasará a ocuparse de las Concejalías de Servicios Sociales y Desarrollo Laboral. El punto salió adelante con los votos a favor del PP y Sí Se Puede y en contra de la oposición (PSPV, Compromís y Ciudadanos).

Los otros tres ediles con dedicación parcial son Sonia Bellés (deportes), Dimas Albert (Fiestas) y Miguel Romero (Juventud), mientras el alcalde, Rafael Albert, es el único con dedicación exclusiva, y Tomás Fabregat y Mari Carmen Taulé cobran por asistencia, como los ediles de la oposición.

El alcalde, Rafael Albert, aclaró que la retribución por la dedicación parcial es de “1.500 euros brutos, 14 pagas”. Y aclaró que el punto del pleno aprobado es “la ampliación de una dedicación parcial”, pero que será la “próxima semana” cuando se dicte la resolución y se atribuyan las competencias correspondientes a la concejala.

Albert también aclaró durante el pleno que “no hay ningún pacto, hay un acuerdo de colaboración, y votará lo que estime oportuno, igual que nosotros”.

Por su parte, Martínez manifestó que su sueldo neto será de “1.200 a 1.300 euros neto” y que “no es la misma responsabilidad estar en la oposición que en el gobierno”. “Esto posiblemente sea un tiro en el pie, y sabemos que vamos a ser muy criticados, pero creemos ciegamente en el proyecto, vemos la oportunidad de llevarlo a cabo y no la vamos a perder, como hacer un plan de empleo, cooperativas de trabajo, ayudas a la contratación a las empresas para los meses de invierno y talleres de empleo”.

El punto de la dedicación parcial de Martínez fue duramente criticado por los demás partidos de la oposición, especialmente por la portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya.

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Oropesa del Mar ha aprobado en el pleno ordinario de marzo celebrado este jueves por la mañana la propuesta provisional del PGOU de la localidad, con lo que el plan urbanístico será remitido de inmediato a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Sí Se Puede Oropesa y los votos en contra de PSPV, Compromís y Ciudadanos.

El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, ha detallado que el PGOU establece como zonas de especial protección la Renegà Baixa, Torre Bellver, el Bovalar y el Rajolar, zona esta última donde el equipo de gobierno quería crear un parque de 500.000 metros cuadrados, “pero ahora el Pativel inutiliza el sector”; una normativa que, en opinión de Fabregat, “crea inseguridad e incertidumbre”. El edil señaló que el plan urbanístico contempla dos millones de metros cuadrados urbanizables menos que el anterior y de 1.500 a 2.000 viviendas menos. “Este PGOU proporciona una protección al litoral que pocos municipios tendrán”, añadió.

La corporación también aprobó, esta vez por unanimidad, una moción de Compromís que muestra el desacuerdo de los grupos políticos con el nuevo reglamento del dominio público hidráulico, una normativa que al igual que el Pativel, explicó Fabregat, “invade competencias municipales en materia de urbanismo, y así lo hemos trasladado a la dirección del PP”, al tratarse de una normativa impulsada desde el Gobierno central. El acuerdo unánime ha llegado después de que se aceptara una enmienda del PP para eliminar el tercer punto de la propuesta, que proponía interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 638/2016 del 9 de diciembre.

Otro punto que logró el ‘sí’ de todos los grupos fue la propuesta de acuerdo de declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, sumándose de esta manera a una iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que implica la contratación de más personal en el área de servicios sociales. Estas contrataciones estarán apoyadas por un plan de financiación de la Generalitat, explicó la concejala Mari Carmen Taulé.

En materia educativa, el pleno dio luz verde a una moción impulsada por Ciudadanos, que contó con los votos a favor del PP, para impulsar la modificación del decreto del Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano en enseñanzas no universitarias. “Esta norma coarta la libertad de elección y limita los estudios de los niños de la Comunitat Valenciana”, explicó la concejala de Educación, Sonia Bellés.

Durante la sesión también se habló de las plusvalías tras una moción de Ciudadanos que pedía mecanismos para que los vecinos que no hayan obtenido plusvalías por la transmisión de inmuebles puedan reclamar devoluciones. Sin embargo, al ser una tarea que ya está llevando a cabo el Ayuntamiento, todos los grupos políticos, incluido Ciudadanos, han aprobado una enmienda a la totalidad firmada por todos los portavoces para  instar al Gobierno a estudiar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Otras propuestas aprobadas fueron la creación de un puesto de dedicación parcial en el organigrama municipal; la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo azul al alférez del puesto de la Guardia Civil en la localidad, Javier Chups; la organización de actividades lúdicas el segundo sábado de cada mes por la tarde en la plaza Mayor, con eventos de ocio, culturales e infantiles; las cifras padronales a 1 de enero de 2016, que sitúan el número de vecinos de la localidad en 9.245; y la actualización de la web municipal en materia de transparencia y acceso a la información pública.

No se aprobó, por contra, una moción de Ciudadanos que instaba al equipo de gobierno y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a tomar medidas para que los taxistas del municipio puedan operar todo el año en la zona del aeropuerto de Castellón con su inscripción en el área de prestación conjunta. Y es que el alcalde, Rafael Albert, le ha demostrado que se está trabajando en ello desde el 2016 y que en el pasado mes se contestó a un escrito de la Conselleria informando de forma favorable a que los taxis puedan operar en el aeropuerto y entrar en el área de prestación conjunta. “Seguiré trabajando y apoyándoles hasta conseguirlo”, aseguró.

En el apartado de dación de cuentas, Albert dio a conocer datos muy positivos. Así, el periodo medio de pago a proveedores es de 5,19 días, el interés de demora es cero y el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 22.268.683 euros.

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El pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Orpesa abordará la aprobación de la propuesta de acuerdo de régimen de dedicación parcial de los miembros de la corporación local.

El punto no especifica el nombre de la persona, aunque ya se ha dado a conocer que se trata de la concejala de Sí Se Puede, Arantxa Martínez, la que aumentará su responsabilidad en el consistorio y se incorporará a la gestión del equipo de gobierno popular.

La propuesta fue aprobada en la comisión informativa de este lunes, la relativa a Régimen Interior Personal de Servicios Sociales e Inmigración, Cultura, Deportes, Sanidad y Educación, con los votos a favor del PP y en contra del PSPV, Compromís y Ciudadanos, con la abstención de Sí Se Puede, según ha podido saber este periódico, y pasa al pleno de este jueves.

El sueldo de la dedicación parcial y que cobrará la concejala asciende a “1.500 euros al mes bruto por 14 pagas; y entre 1.200 y 1.300 euros al mes. No superando dos veces el salario mínimo interprofesional tal y como establecen los Estatutos de nuestra asamblea”, según informó Sí Se Puede en su comunicado.

Posteriormente, por resolución de alcaldía, se procederá a la atribución de la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Laboral a la edila Arantxa Martínez, según reconocieron en el mismo escrito, tal y como se ha acordado.

La portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, criticó que en la comisión “se ha aceptado la subida de sueldo de la concejala de la marca blanca de Podemos”. Y lamentó que aquellos “que venían a regenerar las instituciones lo único que hacen al final es regenerar sus bolsillos, subiéndose el salario”.

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La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, ha asegurado que “el noviazgo de PP y Sí Se Puede ha culminado en boda tras la comisión (de este lunes) en la que se ha aceptado la subida de sueldo de la concejala de la marca blanca de Podemos”, refiriéndose a Arantxa Martínez.

Así, la edil ha lamentado que aquellos «que venían a regenerar las instituciones lo único que hacen al final es regenerar sus bolsillos, subiéndose el salario”.

Para la concejala “esta mayoría encubierta del PP la van a pagar de sus bolsillos todos los vecinos de Oropesa, por ello ha exigido al nuevo equipo de Gobierno que “sea valiente y dé la cara ante los ciudadanos ”.

“Ahora veremos como los representantes del Partido Popular con la complicidad de su nuevo compañera de formación sacan el rodillo a pasear en cada pleno con el único objetivo de aprobar sus iniciativas ignorando todo lo que proceda de la oposición”, ha subrayado de Moya.

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El próximo pleno ordinario del jueves, 16 de marzo, incluirá un punto para debatir y aprobar la adjudicación de la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Laboral con dedicación parcial a la concejala de Sí Se Puede Arantxa Martínez, que entrará a formar parte del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Orpesa.

La decisión, según han anunciado desde la agrupación este sábado a primera hora de la mañana, tras las críticas vertidas ayer por Ciudadanos, «fue tomada por nuestra asamblea convocada públicamente el pasado mes de febrero, y que los integrantes a ella decidieron que nuestra concejal aceptara este cargo», según informaron desde Sí Se Puede.

El alcalde, Rafael Albert, reconoció también que el pleno del jueves llevará la aprobación de una plaza más en las dedicaciones parciales, aunque no concretó quién la ocupará. Sí indicó que, tras la aprobación del presupuesto en noviembre gracias a la abstención de Sí se puede, “el pueblo ha podido funcionar con proyectos nuevos, como el plan de empleo”.

“Y a partir de ahí, las reuniones y conversaciones con la portavoz de Sí se puede son más fluidas que antes, como es normal”. “Ella quiere trabajar por el pueblo y a mí me parece bien”.

Desde Sí Se Puede han aclarado este sábado alguno de los temas que estan suscitando más debate o curiosidad entre los vecinos, como es el sueldo que cobrará la nueva edil del equipo de gobierno.

«Nuestra concejal cobrará 1.500 euros al mes bruto por 14 pagas. Los datos en netos son alrededor de 1.200-1.300 euros al mes. No superando dos veces el salario mínimo interprofesional tal y como establecen los Estatutos de nuestra asamblea», señalaron.

Desde la agrupación han recalcado que en su programa electoral «hicimos hincapié en que nuestro principal objetivo era el rescate ciudadano y que, para ello, no miraríamos siglas a la hora de pactar cualquier cosa que fuera en beneficio de nuestros vecinos. Estábamos hartos de disputas entre partidos y que nada se consiguiera ni se beneficiase el pueblo».

Respecto a la delegación, la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Laboral «es la que hemos decidido llevar ya que es en la que más podemos trabajar en los vecinos. Desde cambios en Servicios Sociales como una mayor celeridad en la visitas, menos trámites burocráticos, ayudas más efectivas y un trato igualitario entre los vecinos a temas tan trascendentales para el municipio como es el desarrollo laboral, en el cual ya estamos trabajando como es la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado, ayudas a nuevos emprendedores, subvención a la contratación a colectivos en riesgos de exclusión social y convenios con empresas del pueblo para la creación de talleres de empleo».

«Siempre hemos demostrado nuestra máxima implicación en estos temas, desde haciendo repartos de comida, manifestándonos en el Ayuntamiento por un Plan de Empleo y movilizando a empresas privadas para evitar cortes de luz a familias necesitadas», recuerdan.

Quienes manifiestan que no se van a «distraer en estrategias políticas, ni en acusaciones falsas ni ataques a los enemigos». Y señalan que la portavoz Arantxa Martínez se ha reunido con todos los partidos de la oposición «para hacerles llegar de primera mano nuestra intención y abrir las puertas a una etapa de trabajo en común como hemos hecho hasta ahora».

Todo indica que el punto saldrá adelante, al contar con los votos a favor del PP y Sí Se Puede, que suman los siete votos necesarios. Ciudadanos ya anunció en su comunicado de este viernes que votará en contra y se prevé que los demás grupos tomen una postura similar.

La portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, criticó «el aumento de la dedicación de la edil de Sí Se Puede y tildó estos hechos de «mayoría absoluta encubierta por parte del ejecutivo popular».

También lamentó la falta de «coherencia» de la concejala, «quien me estuvo criticando duramente al inicio de la legislatura por estar abiertos a llegar a algún acuerdo con el equipo de gobierno del PP y hemos estado casi dos años desmintiendo acusaciones».

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