Redacción // Oropesa
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, en el pleno de carácter ordinario celebrado este jueves por la tarde, ha aprobado –con votos a favor del PSOE, Ciudadanos, Compromís y la abstención del PP– su adhesión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Se trata de un organismo autónomo de la Generalitat, encargado de velar por la utilización racional o legal del suelo y ejercer las potestades administrativas de disciplina urbanística respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido.
“A partir de ahora las competencias las tendrá la Generalitat y será esta entidad la que iniciará los expedientes de aquellas construcciones realizadas desde el momento de la adhesión al programa así como de las anteriores, siempre y cuando el Ayuntamiento no haya iniciado expediente”, ha avanzado la concejala de Urbanismo, María Jiménez.
El pleno también ha dado luz verde a la aprobación de la liquidación del contrato con el agente urbanizador del sector R5A, ubicado en la zona de Amplàries, en la que se ha procedido al requerimiento por daños y perjuicios causados, en base a informes técnicos, por valor de 4 millones de euros, tras notificar al agente urbanizador y no habiendo presentado alegaciones. Asimismo, se ha aprobado una modificación de créditos de 125.000 euros para el acondicionamiento de una parcela en la que se construirá la oficina técnica del futuro centro tecnológico. Una medida que permitirá “empezar a materializar este importante centro y comenzar a solicitar líneas investigación que nos lleven a tener la posibilidad de pedir fondos europeos y subvenciones para el desarrollo de determinados proyectos”, ha adelantado la alcaldesa y concejala de Comercio, Araceli de Moya.
Declaración institucional y moción
Por otro lado, se ha aprobado –por unanimidad de todos los grupos políticos– una declaración institucional para solicitar el aumento de accesos a Oropesa del Mar y la mejora de la conexión con el polígono industrial La Catalaneta, en el marco del proyecto de duplicación de la N-340 a su paso por la localidad. La primera fase, correspondiente con el acondicionamiento y ordenación de accesos, “supondrá una mejora en seguridad vial, un aumento de los accesos y salidas a nuestro municipio y la eliminación de inundaciones en determinadas zonas”, ha declarado de Moya. En este sentido, “instamos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a licitar las obras lo antes posible y a que, en la segunda fase del proyecto, se estudie un nuevo enlace para conectar la urbanización El Balcó y la playa de La Concha a través de la prolongación de la avenida Jaume I, la modificación del enlace de la N-340 con la AP-7 para aumentar la accesibilidad al polígono industrial La Catalaneta y la construcción de un vial que conecte la avenida Barcelona con el mencionado enlace para solucionar la congestión del tráfico del casco urbano en verano a través de la conexión directa de las playas desde la N-340 y la AP-7”, indica de Moya.
Además, se ha dado luz verde a moción conjunta del PSOE y Compromís para la abolición de la prostitución. “Creemos que la regulación de la prostitución atenta contra los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad; es violencia de género y explotación sexual”, ha recalcado la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Micaela Bermúdez. La declaración ha sido aprobada pese al voto en contra de Ciudadanos: “Pensamos que la regulación es el único camino para que el proxenetismo no campe a sus anchas. No hay que girar la cara a esta realidad social, que debe contar con regulación para todas aquellas personas que ejerzan esta profesión libre y voluntariamente para que lo hagan con las máximas garantías sanitarias, de seguridad y económicas”.
Por último, ha salido adelante –por unanimidad– la moción del PP para rebajar el IBI cara a 2023. Según indicó Jiménez, “desde el Ayuntamiento realizaremos un informe en el que se estudiarán las diferentes posibilidades y tipos de esta rebaja para garantizar que lo que se pueda llevar a cabo, si finalmente se puede, sea realista y no una medida populista”.