Orpesa se suma al amplio número de municipios que ya han implementado la tasa de basuras, necesaria por ley. Un pleno extraordinario aprobó este miércoles esta obligación fiscal, que será de 28,88 euros para cada una de las casi 30.000 viviendas del municipio, «siendo uno de los importes más bajos de toda la provincia», según destacó la alcaldesa, Araceli de Moya.
El punto salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (Cs-PP-Vox), la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV-PSOE. La medida entrará en vigor el próximo año y supondrá que el Ayuntamiento recaude casi un millón de euros por esta tasa.
No obstante, el ejecutivo local planea recurrirlo. El vicealcalde y concejal de Hacienda, Rafael Albert, explicó que es una obligación con la que no están de acuerdo: «La hemos aprobado, pero presentaremos una moción para que el Gobierno apruebe una moratoria de la tasa, así como modificar la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados».
De Moya añadió que si «se mantiene la tasa tras los recursos que se presentarán en los próximos meses, se estudiará la posibilidad de bajar otros impuestos municipales para aliviar la presión económica sobre las familias».
Por su parte, Albert recordó que fue él, siendo alcalde, quien en 2013 derogó la tasa de basuras a los vecinos para aliviarles en sus cargas fiscales». El punto salió entonces adelante por unanimidad de los grupos municipales del momento.
«Es ahora el PSOE el que por ley trata de perseguir el bolsillo de los contribuyentes y obliga a imponer este tributo», señaló. La tasa llega a raíz de la normativa europea que propuso recomendaciones con el objetivo de alcanzar el 50% de reciclaje de los residuos para 2030. «Pero el Gobierno socialista la convierte en una obligación», indicó. Y criticó el «cinismo» del PSPV Orpesa, que votó en contra.
Impuesto por el tratamiento de los residuos
La nueva tasa de basuras que aprobó el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Orpesa el pasado miércoles se sumará al impuesto que los vecinos de la localidad ya pagan anualmente por el tratamiento de los residuos en las plantas a la Diputación de Castellón, que asciende a alrededor de 80 euros por vivienda en el municipio.
La novedad será la tasa municipal, que desde el 2013 fue derogada por el gobierno del popular Rafael Albert y que una ley estatal, por recomendación de la Unión Europea, obliga a implantar antes del próximo mes de abril del 2025.
El consistorio aplicará una tarifa plana de 28,88 euros por la recogida de la basura a cada domicilio, que según anunció la alcaldesa, Araceli de Moya, será «la más baja de toda la provincia de Castellón». Se trata de un servicio que hasta ahora asume el propio consistorio, pero que el próximo año deberá empezar a ser abonado directamente por los ciudadanos. La medida conllevará el ingreso de cerca de un millón de euros adicionales para las arcas públicas.
No obstante, De Moya señaló que recurrirán esta tasa y que de no poder suspenderla estudiarán la bajada de otros impuestos.
