URBANISMO Pleno
El Ayuntamiento de Orpesa pedirá responsabilidades por la licencia de Portomar
E. BELLIDO // OROPESA
El Ayuntamiento de Orpesa pedirá responsabilidades a los técnicos municipales que dieron el visto bueno a los informes sobre la licencia de obra del edificio Portomar, que fue derrumbado en junio del 2010 –playa de la Concha– por irregularidades en su construcción bajo sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat. Así se acordó ayer en la casa consistorial a través de la aprobación de una enmienda del grupo Compromís que contó con el apoyo del PP, el PSPV y Sí se Puede Oropesa, con la abstención de Ciudadanos, y que se incluyó en el punto del orden del día relativo a la propuesta de indemnización a los propietarios.
El pleno aprobó una modificación de crédito de un total de 760.000 euros –con los votos a favor del PP y Compromís, en contra del PSPV y Sí se Puede, y la abstención de Ciudadanos–, de los cuales se consignan alrededor de 198.000 euros para tratar de zanjar el caso de Portomar y asumir la sentencia. Después de que la empresa demandara primero al Ayuntamiento pidiendo unos costes de alrededor de unos 520.000 euros, condenando posteriormente la sentencia al consistorio a pagar 298.000 euros, el Ayuntamiento la recurrió mediante un informe arquitectónico que manifestaba que las obras podrían tener un montante de 150.000 euros más los costes. El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, declaró su voluntad de que “el juzgado acepte el recurso del consistorio y que la parte a abonar esté en alrededor de 198.000 euros”.
De ser admitido el recurso por parte del juzgado ya quedaría concluido este proceso. Pero continuarán los trámites correspondientes para reclamar “responsabilidades patrimoniales a los funcionarios que emitieron el informe favorable a la licencia” que finalmente fue declarada como ilegal, según indicó Fabregat, para que el “seguro de estos técnicos se haga cargo –si la ley lo permite– de este quebrante económico del Ayuntamiento”, argumentó el edil.
Desde Compromís, el concejal Josep Lluis Romero, señaló la importancia de que “por fin se iniciará un proceso de depuración de responsabilidades a los arquitectos municipales por los errores que provocaron su derribo” y a fin de que en su día “respondan personalmente de los perjuicios causados a la corporación con su negligencia”. Además, la enmienda incluye la «incoacion de un expediente para que, con audiencia de los interesados, determinar el importe de daños y perjuicios que deberán ser resarcidos».
SECTOR AMPLÀRIES // El resto del importe de los 760.000 euros de la modificación de crédito se consignan para asumir las obras del sector R5A, situado en la zona de les Amplàries, por ser el Ayuntamiento codemandado tras haber entrado en concurso de acreedores la empresa COMERVI S.A ejecutora de este sector que se aprobó en la legislatura del 1999-2003. Y es que el agente urbanizador realizó unas obras que se pasaron al cobro a los propietarios de los solares, habiendo dictaminado después la sentencia que carecía de legalidad al no haberse aprobado el proyecto modificado y a pesar de que la obra estuviese ejecutada. Fabregat aseguró que el consistorio “no va a tener ningún quebranto económico”, puesto que los técnicos han iniciado expediente para recuperar el aval de 350.000 euros, y, por otro lado, cuando se apruebe definitivamente el proyecto –que se prevé que suceda en un plazo breve de tiempo– se pasará al cobro la parte legal de las obras.
Aprueban otra modificación de crédito de 220.000 euros para fiestas, empleo y promoción cultural // El pleno del Ayuntamiento del viernes aprobó también otra modificación de crédito –con los votos a favor del PP, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del PSPV, Compromís y Sí se Puede– de un montante total de 220.000 euros. De los cuales, se consignan 100.000 euros para la partida de Fiestas Populares y Festejos, que suministra “varias festividades del municipio”, no solo las más próximas, según aclaró el alcalde, Rafael Albert. Aunque desde la oposición criticaron que todavía se trate de “una cantidad excesiva” la destinada a las fiestas en el municipio. También se reservan 50.000 euros en concepto de promoción cultural para adaptar la plaza de toros a la legislación vigente. Una actuación que se calificó de necesaria para seguir generando actividades en este espacio. Asimismo, se contemplan del mismo montante 40.000 para un error en la partida de la Seguridad Social del departamento de Servicios Sociales; y 32.000, para un plan de empleo conjunto –entre la Generalitat, Diputación de Castellón y Ayuntamiento–.
