Redacción // Orpesa
El pleno de Oropesa del Mar, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado este martes por la mañana una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el sector noreste, que será remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En caso de ser aceptada, supondrá la aplicación del acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y las partes implicadas en el litigio del edifico Bernat, que significará el pago de 1,5 millones de euros de las arcas municipales. El objetivo es evitar de este modo su derribo, decretado por una sentencia de 1990. El dictamen contó con los votos favorables del PP y Ciudadanos, la abstención de PSOE y Sí Se Puede Oropesa y el voto en contra de Compromís.
El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, señala que con esta actuación se persigue “minimizar los costes, ya que de no aceptarse la modificación por parte del TSJCV, el importe a pagar podría ser mucho mayor”. El edil recordó que este litigio se remonta a los años 80 a partir de una irregularidad administrativa que afectaba a una zona verde, aunque también añadió que en su momento “los concejales que lo aprobaron tenían informes favorables de los técnicos”. De aceptarse la modificación, los 1,5 millones se pagarían a plazos con cargo al remanente previa modificación de crédito, explicó el alcalde, Rafael Albert.
Los grupos rechazaron una enmienda de adición presentada por Compromís, que solicitaba incoar un expediente para pedir responsabilidades personales a los concejales y al arquitecto que aprobaron esta actuación. “La ley ya contempla la exigencia de responsabilidades, por lo que esta moción no tiene sentido y, además, no es el momento”, explicó Fabregat. Asimismo, Rafael Albert destacó que la moción hacía referencia a una ley, la 30/92, “que ya ha sido derogada”.
También se ha aprobado desestimar el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por Cristina Agustí Matutano contra el acuerdo del pleno del 15 de noviembre de 2017, en el que se establecía una reordenación del área municipal de Urbanismo. “Esta decisión correspondió al responsable de los servicios administrativos del ayuntamiento y se tomó pensando en criterios de eficiencia”, manifestó Tomás Fabregat. El punto salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Sí Se Puede y la abstención de Ciudadanos y Compromís.
