URBANISMO Sentencia del TSJCV
Apuran las opciones para evitar la orden de derribo del edificio Bernat
EVA BELLIDO // OROPESA
El Ayuntamiento de Oropesa trabaja por evitar a toda costa el derribo del edificio Bernat, situado a primera línea de la playa Morro de Gos y cuya licencia de obras fue anulada por el TSJCV en el 94, tras los recursos presentados por los vecinos de Los Rosales.
Y es que, tal y como dicta una sentencia del 2009, este bloque de alrededor de 100 apartamentos debe ser derribado. La corporación ha logrado un acuerdo con todas las partes tras dos años y medio de reuniones con difíciles negociaciones entre todos los afectados, tanto los afectados por la adquisición de estas viviendas como los demandantes y el consistorio –que en su día dio la licencia con los informes favorables de los técnicos–.
El pleno del lunes aprobó una modificación de crédito de 1 millón de euros con los votos a favor del PP y dos miembros del GIO y en contra del Bloc, PSPV y un miembro del GIO que, según anunció recientemente se pasará al grupo de no adscritos, para “perfilar el acuerdo marco que se llevará a la sala con la esperanza de homologar la licencia y ratificar el convenio, reduciendo así las consecuencias a un mal menor”, según explicó el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat.
Y es que, según detalló Fabregat tras ser asesorado por profesionales del sector, “existen sentencias de homologación cuando hay acuerdo de todas las partes”.
En concreto, se destinará 1,5 millones de euros, de los cuales 500.000 euros ya estaban previstos en el presupuesto actual, según detalló el edil. Mientras el millón de euros se modifica de la partida social para el Plan de Empleo, aunque el alcalde, Rafael Albert, aseguró que este dinero “se repondrá tras la liberación del remanente” y que el programa se va a llevar adelante.
El equipo de gobierno defendió el lunes esta opción como la “menos lesiva para todos”. Pues en un principio, según se recordó, la cantidad para indemnizar a los vecinos “triplicaba a la de ahora, además de los daños morales y económicos a muchas familias que compraron con buena fe” y los gastos de su demolición se desconocen, pero podrían ser muy grandes.
Fabregat pidió unanimidad de todos los grupos en el próximo pleno en el que se someterá el convenio que, en cuanto esté ultimado, “se mostrará al resto de grupos para su análisis antes de su aprobación y traslado al TSJCV, puesto sería un buen argumento de peso ya”.
Después, “solo quedará tener suerte y que el TSJCV decida homologar este edificio situado en el paseo marítimo Mediterráneo, en la esquina con la calle Pamplona”. Sino, tendrá los días contados, tras 26 años con este tema a rastras. Aunque de derrumbarse se podría construir una nueva edificación en este mismo emplazamiento, según aclaró Fabregat, pues la edificabilidad está permitida.