Orpesa aprueba el pacto para tratar de salvar el Bernat del derribo

EVA BELLIDO // OROPESA

El Ayuntamiento de Orpesa está agotando la última posibilidad para salvar el edificio Bernat de la demolición. Una sentencia del 2009 ordena el derribo del inmueble al haber anulado el Tribunal Superior de Justicia la licencia de obra en el año 1994. El pleno extraordinario de ayer aprobó –con los votos a favor del PP; dos miembros de GIO y el PSPV; el rechazo del Bloc y la abstención del concejal de GIO, que vota de manera independiente– la ratificación del convenio que ha sido firmado por el consistorio y por la parte demandante (los vecinos de Los Rosales). Se logra así un acuerdo histórico tras años de difíciles negociaciones.

A pesar de que la resolución es firme, “existe la posibilidad de su homologación cuando hay consenso entre los afectados”, según han asesorado profesionales del campo jurídico al Ayuntamiento, tal y como explicó el regidor de Urbanismo, Tomás Fabregat; también juega un papel muy importante la unanimidad en la aprobación del pacto por parte de los grupos políticos. Pero el punto, finalmente, no fue apoyado por todos los partidos.

El alcalde, Rafael Albert, y Fabregat agradecieron el respaldo de GIO y del PSPV en este “tema tan serio y que ha sido tan dañino para los residentes”, al mismo tiempo que lamentaron la actuación del resto de ediles. El acuerdo de ayer “no es tanto una cuestión política, sino de gestión”.

El punto que salió adelante con la ratificación del convenio es la indemnización de 1,5 millones de euros que se pagará a los demandantes por mutuo acuerdo, con el objetivo de evitar el derribo de la controvertida edificación. También se busca salvar el pertinente desembolso económico, los daños morales que conllevaría y una mayor compensación a los denunciantes, una cantidad que podría ascender, como mínimo, a cerca de cinco millones de euros, tal y como refleja el fallo.

Los residentes de Los Rosales denunciaron la construcción al considerar que se comía parte de sus propiedades. No obstante, el texto deja constancia de que, en el caso de que finalmente este bloque, con más de 100 apartamentos a primera línea de la playa Morro de Gos, tenga que ser derruido “el dinero quedará a cuenta y será reversible, para no perderlo”, según aclaró Albert.

El munícipe destacó que la votación era “decisiva” porque se dirimía entre “pagar 1,5 millones de euros o conformarnos ya con abonar alrededor de 4,8 millones, triplicando el importe”. Tanto el primer edil como Fabregat defendieron que el acuerdo vela porque el efecto lesivo ante esta situación sea “el menor posible” para los propietarios afectados y los vecinos del municipio, “que sufrirían las consecuencias en las arcas públicas”.

SIGUIENTE TRÁMITE // El pacto fue enviado ayer mismo, tras su aprobación en pleno, con carácter urgente, a las oficinas del TSJ con el objetivo de que, “cuanto antes, la sala lo homologue y lo ratifique”, según afirmó Fabregat, aunque todavía se desconocen los plazos. El asunto para evitar tumbar un bloque emblemático en el litoral se prolonga ya 20 años.

El Ayuntamiento estudia pedir responsabilidades

La licencia del edificio se otorgó en el 86 con diferentes representantes políticos y con todos los informes favorables, aunque su licencia fue anulada después en el 94, hace ya una década ante algunas irregularidades técnicas. Y los que en su día adquirieron los inmuebles lo hicieron sin conocer su ilegalidad. Fabregat anunció ayer que desde el Ayuntamiento ya se ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos “para pedir responsabilidades”. Pues la construcción de este bloque que se terminó declarando ilegal conlleva serios perjuicios entre los principales afectados y los orpesinos.

El dinero destinado ahora se ingresará en la comunidad de propietarios de los apartamentos Bernat, en lugar de ser entregado directamente a los demandantes para “no adelantarlo sin que quede constancia de que será reversible”, según aseguraron los representantes municipales.