Oropesa del Mar ha aprobado en el pleno ordinario de marzo celebrado este jueves por la mañana la propuesta provisional del PGOU de la localidad, con lo que el plan urbanístico será remitido de inmediato a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Sí Se Puede Oropesa y los votos en contra de PSPV, Compromís y Ciudadanos.
El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, ha detallado que el PGOU establece como zonas de especial protección la Renegà Baixa, Torre Bellver, el Bovalar y el Rajolar, zona esta última donde el equipo de gobierno quería crear un parque de 500.000 metros cuadrados, “pero ahora el Pativel inutiliza el sector”; una normativa que, en opinión de Fabregat, “crea inseguridad e incertidumbre”. El edil señaló que el plan urbanístico contempla dos millones de metros cuadrados urbanizables menos que el anterior y de 1.500 a 2.000 viviendas menos. “Este PGOU proporciona una protección al litoral que pocos municipios tendrán”, añadió.
La corporación también aprobó, esta vez por unanimidad, una moción de Compromís que muestra el desacuerdo de los grupos políticos con el nuevo reglamento del dominio público hidráulico, una normativa que al igual que el Pativel, explicó Fabregat, “invade competencias municipales en materia de urbanismo, y así lo hemos trasladado a la dirección del PP”, al tratarse de una normativa impulsada desde el Gobierno central. El acuerdo unánime ha llegado después de que se aceptara una enmienda del PP para eliminar el tercer punto de la propuesta, que proponía interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 638/2016 del 9 de diciembre.
Otro punto que logró el ‘sí’ de todos los grupos fue la propuesta de acuerdo de declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, sumándose de esta manera a una iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que implica la contratación de más personal en el área de servicios sociales. Estas contrataciones estarán apoyadas por un plan de financiación de la Generalitat, explicó la concejala Mari Carmen Taulé.
En materia educativa, el pleno dio luz verde a una moción impulsada por Ciudadanos, que contó con los votos a favor del PP, para impulsar la modificación del decreto del Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano en enseñanzas no universitarias. “Esta norma coarta la libertad de elección y limita los estudios de los niños de la Comunitat Valenciana”, explicó la concejala de Educación, Sonia Bellés.
Durante la sesión también se habló de las plusvalías tras una moción de Ciudadanos que pedía mecanismos para que los vecinos que no hayan obtenido plusvalías por la transmisión de inmuebles puedan reclamar devoluciones. Sin embargo, al ser una tarea que ya está llevando a cabo el Ayuntamiento, todos los grupos políticos, incluido Ciudadanos, han aprobado una enmienda a la totalidad firmada por todos los portavoces para instar al Gobierno a estudiar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Otras propuestas aprobadas fueron la creación de un puesto de dedicación parcial en el organigrama municipal; la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo azul al alférez del puesto de la Guardia Civil en la localidad, Javier Chups; la organización de actividades lúdicas el segundo sábado de cada mes por la tarde en la plaza Mayor, con eventos de ocio, culturales e infantiles; las cifras padronales a 1 de enero de 2016, que sitúan el número de vecinos de la localidad en 9.245; y la actualización de la web municipal en materia de transparencia y acceso a la información pública.
No se aprobó, por contra, una moción de Ciudadanos que instaba al equipo de gobierno y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a tomar medidas para que los taxistas del municipio puedan operar todo el año en la zona del aeropuerto de Castellón con su inscripción en el área de prestación conjunta. Y es que el alcalde, Rafael Albert, le ha demostrado que se está trabajando en ello desde el 2016 y que en el pasado mes se contestó a un escrito de la Conselleria informando de forma favorable a que los taxis puedan operar en el aeropuerto y entrar en el área de prestación conjunta. “Seguiré trabajando y apoyándoles hasta conseguirlo”, aseguró.
En el apartado de dación de cuentas, Albert dio a conocer datos muy positivos. Así, el periodo medio de pago a proveedores es de 5,19 días, el interés de demora es cero y el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 22.268.683 euros.
