La Guardia Civil detiene a cinco personas e investiga a una sexta en Orpesa por su presunta vinculación con una red de tráfico de drogas cuya conexión eléctrica ilegal llegó a provocar fallos en un panel de señalización de la AP-7.
La operación Cantonel, explotada el 5 de noviembre, se salda además con la intervención de cocaína, hachís, marihuana, armas, material para cultivos interiores y cerca de 5.000 euros en efectivo.
La investigación atribuye a los implicados, de forma presunta, delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y contra la seguridad vial.
La Guardia Civil sostiene que la estructura se dedicaba al cultivo y la distribución de sustancias estupefacientes en el municipio.
La incidencia más relevante detectada durante la actuación se localizó en una de las instalaciones empleadas por el grupo. Los agentes hallaron una conexión eléctrica fraudulenta vinculada directamente a un panel luminoso de señalización de la Dirección General de Tráfico, una instalación que, según la nota, había sido elaborada de forma sofisticada para ocultar sus elementos de conexión.
La conexión que afectó a la autopista
La alimentación de ese panel se vio afectada y ocasionó fallos en la señalización de la autopista AP-7. La Guardia Civil considera que la situación generó un grave riesgo para la circulación.
Los domicilios inspeccionados disponían de un sistema avanzado de alarma, numerosas cámaras y otras medidas de vigilancia que, según los investigadores, buscaban dificultar la acción policial.
En ellos se intervinieron cocaína, hachís y marihuana ya preparados para su distribución, además de equipamiento presuntamente destinado al cultivo de cannabis en interiores.
La operación también permitió incautar armas de fuego y otras armas, material relacionado con la elaboración de hachís y cerca de 5.000 euros en efectivo.
La Guardia Civil no detalla en la información remitida las cantidades de sustancias intervenidas ni el número de armas localizadas.
La investigación se inició en 2024 y contó desde sus comienzos con la colaboración de la Policía Local de Oropesa del Mar.
En la fase de explotación participaron distintas unidades de la Comandancia de Castellón, apoyadas por efectivos de USECIC, la Agrupación de Reserva y Seguridad y el Servicio Aéreo.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
